Los dirigentes de los grupos parlamentarios del Congreso tendrán de gracia –aunque en el sentido figurado del término, a nadie le cause hilaridad lo que está ocurriendo al seno del parlamento— otra semana más para tratar de encontrar un acuerdo en el proceso de negociación para conformar las comisiones de dictamen legislativo.
Resulta sumamente penoso documentar que la pluralidad gobernante de la Soberanía Popular no haya podido acreditar, en los últimos 15 días, suficiente madurez y seriedad para procesar y conciliar los diferendos en la interpretación de la norma que define el mecanismo para integrar las instancias legislativas y su distribución conforme a la representatividad política.
Está claro que mientras los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (Cricp) den largas a la suscripción de un arreglo institucional que resuelva este asunto, el Congreso permanecerá, como hasta ahora, entumido y paralizado.
Cantidades industriales de razón asiste a quienes sostienen que entre los ciudadanos ha permeado una percepción totalmente válida: en la LIX Legislatura aún no ha iniciado el trabajo legislativo.
Tal vez algún despistado legislador pudiera objetar que, en términos legales, la Cámara de Diputados está funcionando de manera normal, pero lo cierto es que existe una situación irregular que obstaculiza el desahogo del trámite legislativo de una gran cantidad de negocios que ya han sido remitidos al Congreso para su discusión y dictamen.
Sí: porque el Congreso trabaja, funciona, opera y sesiona hasta donde es permisible tal y como ha quedado demostrado con la aprobación de algunos puntos acuerdo y reformas al reglamento interior.
Sin embargo, es preciso mencionar que éstas últimas iniciativas para modificar la Ley Orgánica del Congreso (LOC), han surgido al tenor de las negociaciones como un recurso extraordinario para tratar de allanar el camino en la construcción de los consensos para integrar las comisiones ordinarias.
Por lo visto, el esfuerzo ha resultado infructuoso puesto que aún persiste la polarización de posturas y posiciones irreductibles entre los grupos que impiden y complican la celebración de un convenio justo y equilibrado.
En ese sentido, la gente abriga sobrados motivos para colegir que la parálisis legislativa se debe única y exclusivamente a la incapacidad política de los líderes del Congreso para procesar y saldar con voluntad, equidad y madurez sus discrepancias.
Hasta donde sabemos, son las presidencias de a lo sumo cuatro comisiones –principalmente la de Gobernación— el punto donde se ha entrampado la controversia.
Y por la actitud de los diputados dirigentes de la coalición legislativa que integran PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista, todo hace suponer que en la bancada de Acción Nacional existe una ala cuya posición riñe con los principios elementales de la política: el diálogo y la negociación como instrumentos que posibilitan la solución de las diferencias y el encuentro de los consensos.
¿O como entender, por ejemplo, el lance del diputado Damian Zepeda Vidales que a título personal –lo cual, en goce de su derecho constitucional de iniciativa, de ningún modo es cuestionable— y no con el respaldo íntegro de la fracción del PAN, pretenda cambiar las reglas para la distribución de las comisiones, sabedor de que ni existen condiciones políticas, mucho menos cuenta con los votos necesarios del pleno para llevar a feliz puerto su genial proyecto?
Mucho temo que a los legisladores del PAN y su aliado el perredista José Guadalupe Curiel, les ganó la mezquindad y la estrechez de miras en sus afanes políticos.
Y es que, mire usted: la reforma al artículo 84 de la LOC sancionada por la mayoría opositora del parlamento el pasado jueves se antoja algo así como un ultimátum de la alianza PRI-PANAL-PVEM porque prácticamente emplaza al PAN para que zanje sus diferencias internas y se arrime a la mesa de la negociación con alguna propuesta de acuerdo en el mencionado tema de las comisiones de trabajo.
Como se informó oportunamente, el cambio al articulado de la norma reglamentaria del Poder Legislativo cobrará vigencia una vez que se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, cosa que deberá ocurrir –para el caso no se requiere la autorización del Ejecutivo— en las próximas horas habida cuenta que ayer, por ser día feriado, no se concretó, y se hará en una edición especial.
Es decir, con la nueva potestad que tendrá el pleno del Congreso para aprobar con el voto de la mayoría absoluta –la mitad más uno— la integración de las comisiones, al grupo parlamentario del PAN sólo le quedan dos opciones, dos caminos, dos sopas: una, o modera su actitud y despliega altas dosis de voluntad para construir un arreglo con el resto de las bancadas; y dos, se repliega y deja que las minorías vuelvan a propinarle otro revés sin oportunidad ni margen para enmendar su propio frankestein.
Para decirlo coloquialmente: en el Congreso, la vaca está echada…
Fuente: http://dossierpolitico.com
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