Por Juan Carlos Romero Puga/Milenio SemanalEs mayo de 2007. Ha llovido toda la madrugada. Pasan de las nueve, pero una fina llovizna continúa cayendo terca. La puerta ocho del Campo Militar Número Uno se abre camino a la populosa zona de El Molinito, a unos minutos del Toreo de Cuatro Caminos, en Naucalpan, que al cabo de un par de años desaparecerá. La reja es apenas custodiada por un par de soldados que soportan el mal clima con una capa impermeable y que se limitan a señalar la mesa que se instala jueves y domingo a unos 100 metros de esa entrada.
Cuatro militares se encargan de hacer un primer registro a quienes pretenden entrar, cotejan la credencial de elector con la lista de visitantes —que los detenidos en la prisión militar deben proporcionar semanalmente para poder acceder al privilegio—, e indagan sobre la relación entre la visita y el preso. Están prohibidos los teléfonos celulares, cualquier grabadora, cámara y cualquier cosa que permita registrar impresiones del lugar.
La prisión se encuentra en el centro del Campo Militar y sólo se llega en un autobús que hace un recorrido de 10 minutos por la zona habitacional, los almacenes generales, el batallón de Transportes. A espaldas del área de Juzgados, la parte visible del lugar, está la cárcel. Se entra por un costado a través de un grueso y enorme portón metálico verde claro, donde un nuevo grupo de soldados de bajo rango, armados, vuelven a hacer las mismas preguntas para verificar la identidad del visitante. Antes hay que desnudarse, poner la ropa en manos de un vigilante que hurga en los bolsillos y bajo las plantillas de los zapatos en busca de objetos y sustancias prohibidas. Sólo entonces uno puede pasar la primera reja de barrotes que conduce al locutorio y, más allá, al enorme patio y las áreas comunes, cuyos límites están trazados por malla ciclónica.
El lugar se abre inacabable; ha dejado de llover y ahora parece haber demasiadas personas para encontrar al general entre todas ellas. Rifle al hombro, un joven soldado que no debe alcanzar 1.70 de altura escolta al visitante, pero se detiene un par de veces para rectificar el camino. Una silueta se recorta en el umbral a la entrada de uno de los dormitorios. El soldado le pregunta con deferencia al hombre por Ricardo Martínez Perea. No le escatima el rango, “mi general”, le dice. El sujeto, alto y robusto, señala con desdén la siguiente puerta mientras franquea el paso a dos mujeres que le llevan comida. Lleva dos segundos identificarlo; es el general Arturo Acosta Chaparro, detenido en agosto de 2000 bajo la acusación de servir y dar protección al cártel de Juárez, y quien —aún no lo sabe— en junio de 2007 será exonerado definitivamente de todos los cargos.
La puerta permanece entreabierta y deja ver el interior, en las paredes pintadas de amarillo pálido cuelgan los distintivos de los regimientos que encabezó y tres lockers maltratados son su vestidor. Vestido con el uniforme azul añil reglamentario, Martínez Perea luce más delgado y más canoso de lo que las fotos mostraban en 2003, durante su proceso. Fue enviado a la cárcel por un Consejo de Guerra, acusado de delitos contra la salud y de colaborar con el cártel del Golfo, pero fue sentenciado por el presidente Vicente Fox antes siquiera de ser juzgado, vía el secretario de la Defensa, general Gerardo Clemente Vega, quien, curiosamente, como comandante de la 34 Zona Militar con sede en Chetumal, fue incapaz de darse cuenta de la supuesta relación de Mario Villanueva con el cártel de Juárez, así como de las acciones de trasiego de droga colombiana que se realizaban en la entidad, y a tal grado que sirvió como testigo de descargo del ex gobernador.
Todo lo anterior se basó en un anónimo.
A diferencia de otros militares, a él no se le encontraron fortunas inmensas más allá de un Volkswagen Jetta del año que liquidaba a plazos cuando fue aprehendido.
“Llegamos a pisar callos”, recuerda al referirse a su llegada a Tamaulipas a finales de 1999, después de que en octubre, todavía asignado a la plaza de Ixtepec, Oaxaca, decomisó 43 kilos de cocaína ocultos en los asientos de una camioneta a una agente judicial federal llamada Paloma Xiomara Ávila González, adscrita a la Dirección de Operación y Planeación de la Procuraduría General de la República (PGR). “Querían pasarlo como un simple traslado de droga, pero no pudo comprobarlo con documentos, entonces la consigné a Oaxaca”, recuerda.
La ruta, según versiones, era utilizada por capos apoyados por un general de alto rango, quien desde entonces siguió con interés la carrera del general Martínez Perea, trasladado dos meses después a otra región, al norte del país. “Había rechazo de los elementos de la Policía Judicial, cierto pique” después de eso, recuerda.
Fue asignado comandante del 21 Regimiento de Caballería Motorizada en Nuevo Laredo y un año después ascendió a general brigadier. Ganaba 46 mil pesos al mes y tenía a su cargo 500 hombres y 154 kilómetros de la frontera México-Estados Unidos. Recibió 29 felicitaciones por su trabajo del secretario de la Defensa y de los diferentes comandantes de la Región y la Zona Militares. Estaba cerca del retiro con un pensión vitalicia del ciento por ciento de su salario, pero en abril del 2001 todo se vino abajo.
El general brigadier habla de la situación personal y familiar que ha padecido después de ser apresado. “Estoy preso por consigna. Soy inocente, no he cometido ningún delito”. Martínez Perea asegura que su caso no es el único; hay otros militares acusados de proteger a narcotraficantes que un día fueron condecorados por su trabajo y tiempo después fueron encarcelados. “Algunos lavan ropa aquí, hacen cuadros. A todos los del narco se les nota la capacidad económica, y ellos no la tienen”, asegura.
UN GENERAL A CAMBIO DE EL CHAPO
La detención de Martínez Perea sucedió en abril de 2001, dos meses y medio después de la fuga del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, del penal de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco. Justo cuando Estados Unidos hacía el análisis final en el proceso para otorgar la certificación antidrogas a México, Vicente Fox y su procurador, Rafael Macedo de la Concha, le entregaron al gobierno de George W. Bush durante una gira por Colombia, los nombres de tres oficiales del Ejército Mexicano: el general brigadier Ricardo Martínez Perea, el teniente Javier Antonio Quevedo Guerrero y el capitán segundo Pedro Maya Díaz, a quienes señalaron públicamente de proteger a la célula del cártel del Golfo comandada por Gilberto García Mena, El June, así como de brindar información a los hombres de esta organización para evadir los operativos militares y policiacos montados para decomisar los cargamentos de droga en la llamada “frontera chica” de Tamaulipas.
La premura por dar un golpe entregándole a la opinión pública un narcogeneral detenido como muestra de combate efectivo a la delincuencia organizada, llevó al nuevo gobierno panista no sólo a someter a una corte militar a un general con 40 años de servicio al país y una impecable hoja de servicio —incluso tenía pocos meses de haber recibido un ascenso ratificado por el Senado— sino a violar la Constitución para llevarlo a prisión a partir de un anónimo enviado por fax.
El papel fue recibido el 14 de enero de 2001 en las oficinas del estado Mayor de la Defensa Nacional. En él se denunciaba que dos militares del 21 Regimiento de Caballería Motorizada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, estaban vinculados con la organización de Osiel Cárdenas Guillén. La Procuraduría de Justicia Militar recibió la orden directa del secretario de la Defensa de iniciar una averiguación, la cual quedó a cargo de dos agentes de la Policía Judicial Militar quienes, poco después, serían señalados por torturar e incomunicar ilegalmente a los tres encausados.
El teniente Quevedo y el capitán Maya fueron detenidos el 29 de marzo de 2001, aunque la orden de aprehender al segundo se cumplimentó en Reynosa, a donde había sido enviado cuatro meses atrás. Ambos estuvieron incomunicados durante cinco días, tiempo en el que, de acuerdo con las denuncias penales presentadas por los procesados, fueron objeto de golpizas y torturas por parte de Alberto Rivera Medeles, uno de los dos asignados a la investigación y quien durante el juicio fue encarado por ese motivo. La versión del general Martínez Perea es que a él se le detuvo hasta el 31 del mes, sin orden de aprehensión, y se le mantuvo incomunicado hasta el tres de abril, cuando se les trasladó en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México.
Lo extraño es que mientras se les mantenía aislados, el gobierno federal, a través de la entonces vocera presidencial Marta Sahagún, dio a conocer la detención de varios elementos del cártel del Golfo, deslizando “el posible involucramiento de algunos elementos, tanto civiles como militares”. Convenientemente, la detención de esos militares fue anunciada a la mañana siguiente, sin que se hiciera mención de su aislamiento ilegal por casi cinco días, cuando por ley no debieron pasar más de 48 horas para su presentación. De hecho, el cuatro de abril la esposa del general, María del Carmen Ledezma, promovió un amparo contra la detención de su esposo ante el juez primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el DF, pero la Procuraduría General de Justicia Militar negó su presencia en el Campo Militar Número Uno a pesar de que el director de la prisión ya había sido notificado del traslado con el fin de que tuviera preparado un dormitorio para el detenido. El secretario de la Defensa la recibió entonces en su oficina, donde le confió que dado que el presidente Fox había hecho directamente el anuncio sobre los nexos del general con el narcotráfico, aún era pronto para tomar la decisión de desdecirse y reparar el daño. “No hay nada —la tranquilizó—. Tenga paciencia. Esto se va a solucionar, se va a arreglar. Lo que pasa es que son cuestiones administrativas”.
EL JUICIO
El consejo de guerra contra los militares se inició el 25 de marzo de 2003. Dos días después se presentaron los agentes de la Policía Judicial Militar, Carlos Alberto Rivera Medeles y Fidel Hernández Alcántara, quienes admitieron no haber realizado investigaciones en torno a Martínez Perea y haber recogido testimonios sobre Quevedo y Maya, pero sin constatar la información por falta de tiempo.
Su informe, hecho “de versiones y comentarios de personal civil y militar”, sirvió como base para consignar penalmente a Martínez Perea y a los oficiales a su cargo, pero desde el arranque de su testimonio reconocieron que no les constaba lo contenido en el reporte ni tampoco se trasladaron a los lugares en que se habrían cometido los delitos, no confirmaron hechos ni profundizaron en ellos; de hecho, no aportaron un solo nombre de quienes les habían proporcionado la información bajo el argumento de temor a represalias. En todo caso, dijeron, era la Procuraduría Militar la que tenía que valorar sus conclusiones.
Sus investigaciones aseguraban que en los meses de junio y julio de 2000, varios oficiales del 21 Regimiento de Caballería Motorizada —y específicamente al teniente Quevedo y al capitán Maya— habían sido internados de emergencia en una clínica de Miguel Alemán, propiedad del narcotraficante Rolando López Salinas, El Rolis, para desintoxicarse de una sobredosis de cocaína. La defensa no sólo presentó documentos certificados de dos salidas de esa unidad a la plaza de San Luis Potosí para realizar tareas de adiestramiento durante aquellos meses, sino que además presentó un oficio del gobierno de Tamaulipas, claro en el sentido de la inexistencia de la supuesta clínica. La Procuraduría Militar basó su ataque en pruebas que literalmente producían hilaridad y que eran fácilmente atajadas por los abogados del caso: reportó haber encontrado durante el cateo al domicilio del teniente Javier Quevedo dos kilos de polvo blanco que se presumía era cocaína, pero que al ser sometido a un peritaje en el laboratorio resultó ser simple yeso, y presentó un documento elaborado por la fiscalía antidrogas de la PGR que incluía un apartado sobre las “tendencias homosexuales” del líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, y a continuación una fotografía del capitán Pedro Maya, durante una fiesta, maquillado y vestido como hawaiana. Por ende, se especuló, seguramente aquella era una fiesta delEl agente del Ministerio Público Militar, mayor Gerardo Salazar Bolaños, argumentó que la imagen era una fe pública de relaciones de carácter homosexual. “Yo le pregunto a mi contraparte —agregó— si es común que un oficial, capitán o teniente se vista como mujer, se pinte como mujer y le baile a alguien. ¿Es eso normal? ¿Es eso honorable? ¿Podemos considerar que eso es de un buen oficial? Eso se llama violación a la disciplina militar”.
El anónimo, origen de la querella contra los militares, tampoco soportó el análisis de la defensa. Lleno de faltas de ortografía, en él se acusaba al teniente Quevedo y a “Pedro Mayo” de tener tratos con un sujeto muy conocido en Miguel Alemán, Tamaulipas, al que se identificaba como el Jony García, metido en el negocio del narcotráfico. De acuerdo a la parte acusadora, el fax había salido —según el registro del envío— el domingo 14 de enero de 2001 de una papelería en Lomas de Sotelo, al norte de la ciudad; con sólo contrastar los datos, los abogados defensores lograron establecer que el negocio no sólo no abría los fines de semana, sino que el número de fax de ese lugar no coincidía con el del anónimo. La investigación llevó hasta la papelería Geo, ubicada a unos pasos de las oficinas de la PGR, a cargo de Rafael Macedo de la Concha, quien antes de ese puesto había ocupado el de procurador de Justicia Militar.
Al momento de la sentencia no se valoraron o bien se desestimaron las denuncias del teniente Ricardo Gallardo Elizalde, del subteniente Eduardo René Mendoza Márquez y los cabos Oscar Martín Avelino Elizalde, José Francisco Gómez Leija, Francisco Hernández Cruz, Jorge Luna Cruz y Misael Reyes Lara, quienes manifestaron haber sido torturados para declarar en contra del general Martínez Perea y los oficiales Quevedo y Maya.
Después de dos años en prisión, el caso del general Martínez Perea fue solventado en una semana: 72 testimoniales a su favor incluidas las declaraciones de Gilberto García Mena El JuneLos Zetas, el feroz grupo de sicarios al servicio del cártel del Golfo, y de que se iniciara, en teoría, el periodo de mayor intensidad en el combate entre el narco y las diferentes autoridades por el control de la plaza del norte. Sin embargo, tan sólo en el último año y los casi cuatro meses que el general estuvo a cargo de la zona de Nuevo Laredo, la cantidad de droga decomisada, el número de armas aseguradas y el número de detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público por el regimiento a su cargo, superaron lo hecho durante todo el resto de la administración del presidente Fox en esa misma región. y 20 detenidos en la operación de Guardados de Abajo, quienes negaron conocer a los acusados, de nada valieron. Al final pesó más la opinión de un superior jerárquico, el comandante de la IV Región Militar, general José Domingo Ramírez Garrido Abreu, quien consideraba “intrigante” que los decomisos que realizaba la gente de Martínez Perea se dieran “sin detenidos”. Pero Martínez Perea cayó en prisión antes de que se mencionara por primera vez a los "los Zetas", feroz grupo grupo de sicarios al servicio del cártel del Golfo y de que se iniciara, en teoría, el periodo de mayor intensidad en el combate entre el narco y las diferentes autoridades por el control de la plaza del norte. Sin embargo, tan sólo en el último año y los casi cuatro meses que el general estuvo a cargo de la zona de Nuevo Laredo, la cantidad de droga decomisada, el número de armas aseguradas y el número de detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público por el regimiento a su cargo, superaron lo hecho durante todo el resto de la administración del presidente Fox en esa misma región.
LA SENTENCIA
Martínez Perea fue sentenciado a 15 años de prisión el dos de abril de aquel año. Casi tres meses después, el Supremo Tribunal Militar le negó definitivamente el derecho a la libertad preparatoria, mientras tanto la Secretaría de la Defensa Nacional removía a su abogada del cuerpo de defensores de oficio. Su última esperanza murió en noviembre de 2004, cuando el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal —última instancia en el proceso— le negó la protección de la justicia federal, pese a que uno de los tres ministros que conocieron el expediente consideraba incongruente el fallo, pues aunque 25 testimoniales desahogados en el juicio no aportaban elementos para demostrar que el militar hubiera colaborado de alguna manera para posibilitar el tráfico de drogas, al ser valoradas en conjunto “inexplicablemente” sí resultaban tener valor probatorio.
El pasado 10 de mayo, después de más de ocho años privado de su libertad y de agotar todos los recursos para obtenerla, en mitad de la noche, Martínez Perea fue sacado de la prisión militar del Campo Uno, sin que nadie, ni siquiera su familia, conociera de su paradero. Días después, el general apareció visiblemente golpeado en el Centro de Readaptación Social El Rincón, de Tepic, Nayarit, a donde fue llevado con un grupo de militares de menor rango, luego de que las autoridades de la prisión militar parecieran haber conocido “de primera mano” confidencias del general Martínez Perea hechas en el confesionario al encargado de la parroquia de la prisión militar. Los daños y el maltrato físico sufridos por el general durante su recibimiento en Nayarit obligaron a llevarlo al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ciudad Ayala, Morelos.
Se dice que este año el caso del general brigadier podría dar un giro y que con la vida acabada podría salir a la calle de nuevo. Pero su liberación evidenciaría un montaje del gobierno federal realizado para simular una purga de militares aliados con el narco y así lograr un impacto mediático. A quien se ensuciara en el camino, sería un mero daño colateral.
Fuente. http://semanal.milenio.com/node/1775
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