jueves, 3 de septiembre de 2009

PGR se abstiene de proceder contra la indígena Jacinta Francisco

Conclusiones no acusatorias en el caso de Jacinta Francisco Marcial: un acto de justicia

México, D.F., a 3 de septiembre de 2009 / Boletín de prensa

Celebramos la decisión de la PGR de no sostener la acusación en contra de la mujer ñhä-ñhú por hechos en los que también son procesadas Alberta Alcántara y Teresa González

  • Lamentamos, sin embargo, que sin haber elementos contundentes sobre su responsabilidad penal, esté privada de la libertad por más de tres años

  • Esperamos que a la brevedad se restituya en su libertad a Jacinta, Teresa y Alberta


El día de hoy, mediante el boletín 1069/08, la Procuraduría General de la República (PGR) informa su decisión de presentar conclusiones no acusatorias en el proceso que enfrenta Jacinta Francisco Marcial, declarada prisionera de conciencia por Amnistía Internacional y acusada falsamente de haber secuestrado a elementos de la Agencia Federal de Investigación en Santiago Mexquititlán, Querétaro, en marzo de 2006. Por los mismos hechos, recordamos, han sido procesadas también Teresa González y Alberta Alcántara, mujeres, como Jacinta, del pueblo ñhä-ñhú.

Jacinta, su familia y los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Jacobo Daciano (que han asumido la defensa) celebramos la decisión de la PGR. La presentación de conclusiones no acusatorias supone el reconocimiento de la inexistencia de pruebas contundentes y legales en contra de Jacinta y significará eventualmente, una vez cerrada la instrucción, su excarcelación sin cargos. El anuncio de la PGR es un acto de justicia que, eventualmente, restituirá en su libertad a una mujer cuyo único delito ha sido su condición de género, su identidad étnica y su circunstancia social de marginación.

No obstante, la presentación de conclusiones no acusatorias no conlleva el acceso a la justicia que la gravedad del caso merece. En los casos de graves violaciones a derechos humanos, la excarcelación de quien está injustamente recluido es sólo un componente de la justicia, la cual debe incluir también, entre otras, la reparación integral del daño causado y la no repetición de los hechos. No está de más recordar que Jacinta ha pasado más de tres años en prisión por un delito que no cometió. Nos preocupa también el hecho de que la decisión de la PGR no contemple la liberación de Alberta y Teresa, acusadas y procesadas con las mismas pruebas ilegales. Por lo que seguiremos trabajando de cerca con el defensor particular de ambas mujeres para lograr su pronta excarcelación, pues en Santiago Mexquititlán no ocurrió ningún secuestro.

La decisión de presentar conclusiones no acusatorias implica la aceptación de las numerosas deficiencias del sistema de justicia en México: los delitos que más agravian a la sociedad no son perseguidos y, en un número significativo de casos, son personas inocentes sin medios para pagar una defensa adecuada quienes van a prisión por delitos que no afectan bienes sociales primordiales. Tal situación se agrava aun más en el caso de quienes por su identidad son discriminados socialmente, discriminación que es reproducida por el sistema de justicia; así ocurre con las mujeres, con quienes viven en condiciones de marginalidad y, sobre todo, con los hombres y las mujeres indígenas.

Con su decisión la PGR pone un alto a los abusos cometidos contra Jacinta, sin embargo las deficiencias estructurales persisten. En el país hay casos similares que no tienen la misma difusión. Es tarea de la sociedad civil y de la opinión pública mantener constante atención a estos para que las autoridades, en sus distintos niveles, se comprometan a no repetir acusaciones injustas como las documentadas en el presente caso.

Jacinta, su familia y sus defensores, estaremos vigilantes a que la PGR, a través del ministerio público adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en Querétaro, efectivamente presente sus conclusiones en el sentido anunciado hoy. Vigilaremos que el juez a cargo del proceso, Rodolfo Pedraza Longhi, resuelva sobre este particular sin dilaciones; máxime considerando que, en los hechos, la Procuraduría realiza en sus conclusiones lo que el juzgador omitió hacer.

Agradecemos la atención de la opinión pública en este caso y convocamos a seguir de cerca el desarrollo de éste y de otros que denotan la situación de los derechos humanos en México. Confiamos que a la brevedad Jacinta misma y su familia podrán estar con nosotros para compartir su palabra y su sentir después de tantos años de buscar justicia.

Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez

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